No luce como el oro, no está en nuestros móviles y no cuesta tanto como el petróleo (en sus buenos tiempos), pero el fosfato se ha colado, silenciosamente, en la lista de ‘materias primas cruciales’ de la Unión Europea. La razón: es un componente esencial de los fertilizante químicos que necesita la agricultura industrial para seguir produciendo alimentos y biocombustibles.
La demanda ha aumentado tanto en los últimos años que en 2013, la BBC llegaba a preguntarse si el insaciable hambre mundial por los fosfatos sería la mayor crisis planetaria que se avecina y de la que probablemente nunca hayamos oído hablar. La respuesta es que probablemetne no, puesto que las reservas no son escasas, pero sí son de difícil acceso para la Unión Europea, donde prácticamente ningún país tiene fosfatos. Fuera de la UE, salvando China y Estados Unidos, cuya producción se utiliza para consumo interno, los principales proveedores de la UE son países de cierta inestabilidad: Marruecos (que produce el 75% del fosfato mundial, pero cuyas minas se encuentran en territorio del Sáhara Occidental), Rusia, Argelia, Israel, Jordania, Egipto y Túnez.
En esta situación, pequeños proveedores, como Senegal, han terminado resultando más que atractivos para la Unión Europea. Y es aquí donde se circunscribe el informe que el pasado mes de noviembre presentaron en Madrid REDES, Red de Entidades Solidarias para el Desarrollo, que agrupa a ONGs de inspiración católica, y la campaña ‘África, cuestión de vida, cuestión debida‘. Un estudio realizado por Cicodev, el Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los consumidores y el desarrollo, con sede en Senegal y llevado a cabo por un experto senegalés, Mohamadou Habibou Kanoute.
El estudio se centra el caso de una pequeña mina de explotación de fosfatos, instalada desde 2009 en la comunidad de Koudiadiène (comuna de Chérif Lo, provincia de Thiés) y en la que participan tres empresas: Sephos (de origen y capital español pero constituida legalmente en Senegal), AIG (en su mayor parte polcada) y GME (senegalesa). A priori, esta explotación debía ser beneficiosa para Senegal, que necesita inversiones para impulsar su desarrollo. Sin embargo, según explicó el responsable de CICODEV, Amadou Kanouté, presente en Madrid, la explotación ha producido más efectos negativos que positivos, destacando entre ellos los impactos sobre la salud, los medioambientales y los económicos. En lo relativo a la salud, el estudio ha documentado la emisión de polvos tóxicos (“los niños regresaban de la escuela completamente repletos de polvo») y la polución de los campos de cultivo. Además, se ha producido una gran pérdida de cubierta vegetal y especies forestales, provocando la tala de un buen número de rôniers, una especie de palma de palmera africana de la que las poblaciones locales aprovechaban todo. Se estima que la empresa ha pagado unos 20 euros por cada árbol talado, cuando la población local podía llegar a obtener unos 800 euros de beneficio, puesto que se trata de un árbol muy significativo para los sereres -principal etnia de la zona-. Un árbol que puede alcanzar los 25 metros de alto y vivir más de 100 años y del cual se aprovecha todo: su madera es muy apreciada, la sabia se emplea para producir alcohol tradicional, sus hojas sirven de materia prima para la cestería; sus frutos se utilizan tanto para la alimentacion del ganado como de las personas…
- La población local aprovecha todo de los rôniers: sus frutos, sus raíces,sus hojas y hasta su sabia.
Cicodev, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a la sanidad, el agua y los saneamientos; el acceso igualitario a la energía y el acceso a las telecomunicaciones, no se opone en realidad a estas instalaciones. Sin embargo, sí exigen que se hagan de manera respetuosa, ateniéndose a los principios internacionales que establece la FAO (aunque lamentablemente se trata sólo de directrices voluntarias) y las que plantea la propia legislación senegalesa: consulta previa a la comunidad local, estudio de impacto ecológico y social, compensaciones justas, beneficios para la comunidad local.
“Exigimos que se sigan los planees establecidos y que se cumplan las leyes nacionales”, reiteró en varias ocasiones Amadou Kanouté. Entre otras cosas, la población local, formada por representantes de 49 pueblos alrededor de la mina, pide que se cumplan la inversión prometida en salud y se apoyen los proyectos agrícolas que se están bien perjudicados por las explotaciones mineras (no sólo el del rônier, sino también, por ejemplo, la Kinkeliba, una especie de té que está desapareciendo, y el maraichage, una especie de ‘tomate cherry’, que también se ve estropeada por el polvo de la explotación), así como que se fomente el empleo de calidad (actualmente se están pagando salarios de 4,6 euros por día) y que se haga un verdadero seguimiento del cumplimiento de estos compromisos.
Tal y como decía al finalizar el profesor Carlos Ballesteros, investigador sobre Consumo Responsable, «éste es solo un pequeñísimo ejemplo, muy concreto pero muy significativo, de lo que todos hemos visto en otros países y puntos de África». Por ello, animaba a continuar reivindicando a la Unión Europa una normativa vinculante para nuestras empresas en el exterior, recordando que todos somos responsables –que no culpables, puntualiza- del sistema insostenible de consumo y vida que llevamos en determinados lugares del mundo.
El informe completo se puede leer aquí
En este programa de Africanía podéis escuchar a Amadou Kanoutè, del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo (CICODEV)