En el último año y medio, Mali ha vivido un golpe de Estado, un intento de secesión de la mitad norte del país, un conflicto que ha dejado miles de refugiados y desplazados y, finalmente, la intervención francesa para restablecer la integridad territorial en el país. Un cúmulo de acontecimientos que han llevado a la descomposición de la ya de por sí frágil Administración de Bamako, que ahora intenta restablecerse y recobrar la legitimidad mediante unas elecciones previstas para el 28 de julio. Todo ello en un país que había disfrutado de 20 años ininterrumpidos de paz y donde la democracia parecía relativamente asentada.
Pero antes de poder celebrar los comicios, todavía quedan varios escollos por resolver. En primer lugar, la ciudad de Kidal, capital de una de las provincias del norte, continúa en manos del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, el movimiento independentista tuareg. Una situación permitida por París que no gusta al ejército ni la población maliense, con ganas de venganza contra los rebeldes, a quienes consideran culpables de buena parte de lo ocurrido en los últimos 18 meses. El objetivo de Francia impidiendo la entrada de las tropas gubernamentales en Kidal es forzar al Gobierno de Bamako y a los rebeldes a que lleguen a un acuerdo antes de las elecciones. Cosa que no será fácil puesto que los tuareg, que son mayoría en el norte del país, siempre se han sentido discriminados respecto a la población negra del sur y, a pesar de varios levantamiento y acuerdos de paz entre los años 70 y 90, todavía no han visto satisfechas sus reivindicaciones.
Para lograr dicho acuerdo, el presidente interino de Malí, Dioncunda Traoré, –aupado al cargo por el capitán golpista Amadou Sanogo– nombró la semana pasada un consejero especial, Tiebilé Dramé, (ex ministro y presidente del Partido por el Renacimiento Nacional) encargado de iniciar los contactos con el MNLA. Aunque la región de Kidal sólo alberga al 0,5 % de la población de Mali, el presidente ha repetido una y otra vez que debe votar igu
al que el resto del país. De lo contrario, como advierte Gamer Dicko, portavoz del Ministerio de la Administración Territorial, supondría “una separación de facto” y establecería un serio precedente. Por su parte, el movimiento independentista Tuareg no se ha negado a las negociaciones, pero sí ha ex
presado rotundamente que no entregará las armas antes de comenzar las mismas, una de las condiciones que pretendía imponer el Gobierno.
El otro gran problema es el futuro de las miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares durante el conflicto. Según la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Ertharin Cousin, hay 300.000 desplazados internos y más de 175.000 viviendo en los países vecinos como Níger o Burkina Faso. Malienses que se marcharon con lo puesto y para los que todavía no existe un plan claro de regreso.
En cuanto a los islamistas, que se hicieron
fuertes en el norte del país aprovechando la rebelión tuareg, la situación sigue siendo complicada. Los terroristas han sido expulsados del territorio pero tanto el Ejecutivo de Bamako como las grandes potencias saben que pueden volver a reorganizarse en cualquier momento ya que cuentan con efectivos y buenas fuentes de financiación gracias al tráfico de droga y al dinero obtenido por el pago de rescates occidentales. Tal y como explicó el ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, “las grandes intervenciones en Mali han terminado, pero no la guerra”. El mandatario galo añadió que los 3.800 soldados franceses que quedan en el país comenzarán a dar el relevo a las tropas de pacificación de la ONU el próximo 1 de julio, aunque la retirada no será completa “para evitar el recrudecimiento” del fundamentalismo.
Según la hoja de ruta prevista por el Consejo de Seguridad de la ONU, la Fuerza de Paz, que estaría compuesta por 11.000 efectivos debería empezar a desplegarse este mismo mes, pero todavía no ha comenzado por motivos de seguridad. Su trabajo consistirá en estabilizar las ciudades del norte, apoyar el restablecimiento de la autoridad del Gobierno y facilitar la vuelta a la democracia. Para acompañar este proceso, la Conferencia de Donantes reunida el pasado 15 de mayo en Bruselas, ha comprometido 3.250 millones de euros que se destinarán a mejorar la economía, infraestructura y servicios sociales del país, según explicó el Ministro de Asuntos Exteriores maliense, Tieman Hubert Coulibaly, con el objetivo de alejar el extremismo del país.