Un nuevo atropello contra la inmigración

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El jueves pasado fui a una charla sobre la Ley de Extranjería organizada por un abogado experto en el tema, Roberto García Fernández. El pobre tenía la misión de explicar en dos horas y media los cambios introducidos por la reforma de ley en noviembre de 2009.

Un nuevo atropello contra la inmigración
Un nuevo atropello contra la inmigración

Por supuesto no le dio tiempo a hablar de todo, pero sí explicó a grandes rasgos cuál era la nueva normativa y dejó bien claro que, como tantas otras veces, el problema está en la aplicación de la Ley. Porque si bien es cierto que se trata de una Ley Orgánica, luego están las normativas, los reglamentos, las circulares y el buen o mal hacer de cada Oficina de Extranjería en particular, que rellenan las lagunas que deja la Ley.

Es decir, el problema está en la arbitrariedad con la que se aplica. “Los abogados nos volvemos locos. No hay seguridad jurídica”. Sin tapujos, dijo saber de buena tinta que, en ocasiones, “un municipio decide que hay un flujo muy grande de regularizaciones y hay que pararlo un poco”. Y para ello se utilizan subterfugios de fácil aplicación: simplemente, dificultar al máximo las peticiones del inmigrante.

¿A alguien le parece una exageracion? Pues resulta que tan sólo dos días después, varios periódicos publicaban esta noticia: Interior dicta órdenes secretas para la expulsión ‘exprés’ de inmigrantes:

Aa partir de ahora los inmigrantes ‘sin papeles’, sus abogados, los fiscales, e incluso los jueces, no conocerán cómo aplica e interpreta la Policía la nueva Ley de Extranjería. El Ministerio del Interior ha dictado una circular en la que ordena que los expedientes de expulsión se tramiten «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible»… pero también bajo el máximo secreto.
La apostilla sobre la confidencialidad aparece al pie de todas las páginas de la circular, un documento «de uso restringido para unidades de extranjería» y de difusión «prohibida»

Sin tener ninguna idea de Derecho, dudo mucho que sea legal que una circular sobre cómo aplicar la ley sea de ‘difusión prohibida‘, -y lo mismo opina el Defensor del Pueblo, supongo que con más conocimiento de causa-. El ciudadano tiene obligación de respetar las leyes, sí, pero precisamente por ello tendrá que tener derecho a conocer las mismas y su aplicación.

Lo que me parece es que esto es un nuevo atropello contra los inmigrantes y una manera callada de echar a todos los que ahora “nos sobran”.

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