20/02/2009.– Un artículo publicado en El País el miércoles invitaba al a ‘reflexión’ sobre lo que los autores llaman la “excepcionalidad española” en materia de inmigración. Según David Reher y Blanca Sánchez Alonso, ambos catedráticos e investigadores en materia de inmigración durante años, el crecimiento económico español, el boom inmobiliario, la existencia de muchos trabajos que los españoles ya no querían hacer, el idioma común con Latinoamérica y la cercanía a África no son motivos suficientes para explicar el enorme aumento de la inmigración en España, sensiblemente mayor que el que se ha producido en el resto de Europa en la última década.
Para ellos, el punto clave para explicar este crecimiento es esa ‘excepcionalidad española’, que consiste nada más y nada menos en que la ley de Extranjería aprobada en el año 2000 (con el Gobierno del PP, por cierto) ofrece a los inmigrantes “derecho a la asistencia sanitaria y a la educación obligatoria en las mismas condiciones que los españoles”. Al contrario que en Europa, donde sólo las mujeres embarazadas y los menores de edad tienen derecho a asistencia médica, y los demás sólo a urgencias.
El único dato contabilizable que utilizan para apoyar su tésis es un estudio de Médicos del Mundo según el cual España es e país de la UE donde mayor es el número de inmigrantes que conocen sus derechos. Es para estar orgullos de nuestro país, ¿no?. Pues no. Eso a ellos les sirve para decir poco menos que los inmigrantes vinieron aquí a aprovecharse del sistema de salud, gozando de “codiciados derechos sociales sin parangón en sus países de origen o en la UE”.
Afirman también que no entran a valorar “argumentos a favor o en contra de la concesión de esos derechos”, pero terminan el mismo párrafo diciendo que “el verdadero efecto llamada parece ser esa concesión de derechos”. Y por si fuera poco, acaban en un tono apocalíptico: “¿Aceptaría la sociedad española un endurecimiento de los derechos de los inmigrantes en este sentido?. Si la respuesta es no, todos debemos ser conscientes de los que ello implica”.
Por suerte, ayer mismo Juan Antonio Fernández Cordón, investigador del CSIC les contestaba diciendo que su teoría tiene tanto de fiable como la que relaciona la actividad de las manchas solares con los ciclos económicos -parece ser que existe una coincidencia entre ambos fenómenos. El artículo, titulado Vinieron a trabajar, terminaba diciendo, sarcásticamente, que “es, efectivamente, el momento de replantearse la generosidad de 2000 y negarles sus derechos”.
Yo también les quiero contestar ya que, además de estar en total desacuerdo con lo que el artículo pretende transmitir, su razonamiento me parece una absoluta estupidez, tanto que incluso puede ser contraproducente.
Respecto a la educación, y aunque sólo sea por egoísmo, por seguridad o por lo que sea, es mejor que los menores de edad estén en el colegio, a buen recaudo, que en la calle. Es más, teniendo en cuenta que la natalidad -de los españoles- en España es cada día más baja y se necesita gente joven, será mejor que esta esté preparada, ¿no? ¿O es que sólo queremos mano de obra barata y poco cualificada? Eso, al principio, está bien, pero también puede ser un arma de doble filo. En Sudáfrica, por ejemplo, tienen una inmensa mano de obra, baratísima, pero su problema es la falta absoluta de productividad, los puestos de trabajo cualificados que no pueden cubrir, la falta de gestores, de investigadores, de gente con estudios. Parece que los gobernantes del Apartheid también pensaron lo mismo: educación, ¿para qué?
Sobre la sanidad, creo que un país desarrollado como en teoría es el nuestro no debería ni siquiera plantearse no atender a una parte de la población, pero es que además también es contraproducente. Mantener el sistema sanitario es caro, por supuesto, pero si de todas formas les vamos a dar atención de urgencias no ahorramos nada, porque seguro que es más costoso dos noches de hospital que una consulta y un medicamento a tiempo. Así que, pensándolo mejor, lo que podríamos hacer es no ofrecer tampoco servicio de urgencias. Que vengan, que trabajen y cuando se pongan enfermos, que se vayan a su país. Como en la época de la esclavitud, sólo que como nosotros somos mucho más civilizados, pues no los matamos, los deportamos.
En fin, lo único bueno que puedo decir de este artículo, y eso es lo más triste de todo, es que autores se atreven a escribir y decir en alto lo que mucha gente piensa. Qué dios nos pille confesados.
* Bueno, hoy los autores de artículo replican a Fernández Cordón y dicen que: «En ningún caso hemos establecido una relación causa-efecto entre los derechos sociales concedidos en la actual Ley de Extranjería y los flujos migratorios en España».