Hace unos días, Aministía Internacional y Greenpeace hacían público el Informe The Toxic Truth, sobre el vertido de residuos tóxicos en Abiyán (Costa de Marfil) en 2006. Un informe que es resultado de tres años de investigación sobre una catástrofe humana y medioambiental que perfectamente podía haber sido evitada y de la que apenas hemos oído hablar.
Estos son los hechos:
El 19 de agosto de 2006: El buque Probo Koala llega a las costas de Abiyán (capital de Costa de Marfil) y comienza la descarga de 528 toneladas de desechos tóxicos en diversos basureros de la ciudad.
En los días siguientes, el olor se hace insoportable por toda la ciudad, el aire se vuelve pesado, cuesta respirar. Muchas personas se acercan a los hospitales. La causa pronto se hace patente: intoxicación por ácido sulfúrico. Resultado: 16 muertos, 43.492 casos de intoxicación grave y 103.116 peticiones de tratamiento, según los casos registrados.
¿Pero cómo llegó este barco aquí? Todo empieza un año antes, con uno de esos negocios redondos que se hacen en alta mar, a refugio de las leyes internacionales.
En 2005, Trafigura –compañía basada en Holanda y tercera empresa mundial en comercio de combustibles,-compra a la compañía estatal mexicana PEMEX gasolina sin refinar a buen precio. El objetivo es refinarla a través de un procedimiento barato, llamado “lavado caústico”. Comienzan haciéndolo en Túnez y Emiratos Árabes, pero las autoridades suspendes las operaciones tras una fuga de gases que causa problemas respiratorios a los trabajadores. Es entonces cuando la empresa tiene la gran idea: realizar el proceso ¡a bordo de buques! En medio del mar, sin leyes nacionales, sin inspecciones, sin intromisiones…
El problema es que este proceso genera residuos que deben ser alojados en algún sitio. Y cometen el error de querer descargarlos en Holanda, pretendiendo que se trata de residuos comunes. Pactan un precio, pero cuando las autoridades holandesas se dan cuenta de que se trata de residuos tóxicos, elevan la factura hasta el medio millón de euros. La empresa se niega a desembolsar tal cantidad y comienza su periplo por varios puertos europeos en busca de un lugar fácil para descargar. Lo intentan en Estonia, pero los holandeses les vigilan de cerca, y deciden entonces pasarse a África. Pero incluí allí Todo y Nigeria se lo impiden. Hasta que finalmente recalan en Costa de Marfil. Allí descargan sus residuos, que son repartidos por toda la ciudad con los efectos antes mencionados.
Hasta aquí los hechos, que están perfectamente explicados en el texto de Karlos Ordónez Ferrer: Veneno en Costa de Marfil (publicado por Hemisferio Zero), en el que detalla lo sucedido (atención a la historia sobre dos de los periodistas que investigaron el caso) y ofrece documentación adicional, y de donde yo he sacado esta pequeña cronología.
¿Las consecuencias? Al poco tiempo, las víctimas se organizaron con el apoyo de una firma británica de abogados, que puso una demanda en nombre de 30.000 costamarfileños y la compañía, aunque siempre negó que sus residuos pudieran causar tales enfermedades, tuvo que pagar unos 45 millones de dólares como compensación a las víctimas en el año 2009. Antes, en febrero de 2007, había pactado con el Gobierno de Costa de Marfil (que vivía ya una gran inestabilidad) una indemnización de 195 millones de dólares a cambio de su renuncia a cualquier demanda.
En principio, todo esto se podría considerar una buena noticia –Sentencia histórica contra el tráfico ilegal de residuos tóxicos, decía Greenpeace en julio de 2009- porque la empresa ha tenido que pagar, mucho más de lo que le habría costado desechar sus residuos de forma legal y sienta de algún modo un procedente.
¿El problema? Pues para empezar, que ni nos habíamos enterado. Personalmente, yo, que suelo leer y estar al tanto de noticias de África, no tenía ni idea de esta historia hasta ahora. Y eso que sí salió en los periódicos. Pero supongo que fue un día, un reportaje ocasional. No abrió los telediarios ni fue motivo de debate en las tertulias. Os imagináis que hubiera sucedido en Estados Unidos, Noruega o Grecia?
De este modo, la compañía apenas ha visto manchado su nombre, porque no se ha sabido del caso. No ha habido presión mediática a favor de las víctimas. Y, por supuesto, nadie ha cargado con responsabilidades penales. Como dicen Gerardo Ríos y Sara del Río, “la cadena de responsabilidad se diluye hacia empresas subcontratadas” y no existen leyes que aseguren la exigencia de responsabilidad a todas las empresas en todos los lugares del mundo.
En cualquier caso, enhorabuena a Amnistía y Greenpeace por el trabajo que han realizado, por su labor de lobby ante las grandes empresas e instituciones y por dar a conocer casos como éste que, de otro modo, quedarían en el olvido. Mejor dicho, ni siquiera olvido, sino en el más absoluto desconocimiento.
Lo peor, que esto sucede, y peor, en muchos otros países y nos enteramos aún menos. Por ejemplo en Somalia, donde el tráfico de residuos llegó a convertirse en un gran negocio.