En tiempos de crisis hay que apostar por valores seguros, y la tierra, sin duda, es uno de ellos. Desde hace ya unos años, los fondos de inversión han entrado fuerte en el mercado de los alimentos y las grandes corporaciones empresariales también. Como consecuencia, se está poniendo en peligro la soberanía alimentaria de muchos países.
Es lo que viene denunciando ya desde hace varios meses la organización Veterinarios Sin Fronteras (VSF), a través de su campaña “Paren, aquí vive gente» y su Informe sobre la Responsabilidad extraterritorial de los estados
“Las grandes transnacionales acaparan agua, recursos y tierras, apoyadas por sus gobiernos a través de las llamadas herramientas de fomento a la exportación como son los créditos, los organismos internacionales y hasta la cooperación”, explica el presidente de VSF, Javier Guzmán. Transnacionales que pertenecen a todos los países
Las amenazas son, principalmente, de tres tipos: las inmensas cantidades de tierra dedicada a agrocombustibles, los acuerdos pesqueros que permiten a algunos países –caso de España- sobreexplotar los recursos de terceros; y los cultivos dedicados a la exportación, como está sucediendo cada vez más en Uganda con el café.
Precisamente de Uganda viene Janet Mary Oliso, activista de la organización Teclanet, que agrupa a 45 organizaciones comunitarias en Uganda, y que la semana pasada estuvo en Madrid explicando la situación en su país. Una situación en la que las primeras afectadas están siendo las mujeres, tradicionalmente discriminadas a la hora de tener la propiedad de la tierra y ahora expoliadas en su forma de subsistencia. Unas porque han sido literalmente expulsadas de la tierra que trabajaban; otras por la progresiva desaparición de los pequeños mercados en los que comerciaban.
Y todo ello, a pesar de que la propia Constitución ugandesa, promulgada en 1995, asegura el derecho a la propiedad de la tierra para sus conciudadanos, así como los intereses económicos que pudieran derivar de la misma, según explica Peter Baleke, campesino originario de la comunidad de Mubende, una de las zonas expropiadas a favor de una gran multinacional. “No es un problema de vacío legal, sino de la impunidad absoluta con la que las empresas extranjeras están violando la ley. Podemos tener muchas leyes, pero si no imponemos ningún castigo que obligue al cumplimiento, no hay nada que hacer”.
Baleke es uno de los afectados directos por las expropiaciones sin contrapartida que el Gobierno ugandés está llevando a cabo para vender o ceder las tierras a compañías extranjeras.
En el año 2001, el mismo y sus vecinos en la zona de Mubende (en el centro del país), fueron expulsados, sin compensación, de las tierras en las que vivían y trabajan porque la zona fue asignada a un inversor extranjero, The Neumann Kaffee Gruppe, con sede en Hamburgo La comunidad decidió resistir a la orden de desalojo y se mantuvieron en sus casas, pero la reacción del Gobierno fue enviar al ejército, que el 18 de agosto de 2001 entró a la fuerza en las cuatro aldeas, destruyendo las casas y todo lo que encontraron a su paso, y dejando a 2.040 personas en la calle. Desde entonces, y gracias al apoyo de algunas organizaciones locales e internacionales, estos campesinos han comenzado un proceso de reclamaciones legales que todavía no ha obtenido respuesta. Esta es la impunidad de la que habla Bakele, que ve como única solución a estas prácticas un boicot a las compañías internacionales que violan los Derechos Humanos. “Si no podemos detenerlos judicialmente, parémoslos en el mercado”, concluye, subrayando además la hipocresía de algunas de estas compañías, que terminan vendiendo algunos de sus productos bajo la etiqueta de «comercio justo».